Miguel Angel Ramirez, lo inconcebible. La España de la corrupción.

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Miguel Angel Ramirez, lo inconcebible. La España de la corrupción.

Mensaje  ASP el Lun Ago 17, 2015 10:34 pm

En el ultimo lustro de crisis, Miguel Ángel Ramírez ha pasado de tener 1.800 empleados a 5.000. En 2010  captó contratas por valor de 23 millones de euros; en 2011, por siete, en 2012, por dos, al año siguiente, por 97, en 2014, por 69, y en lo que va de año, ya acumula 3,2 millones.

 
Aunque hubo fiesta hasta el alba, y chilló, lloró, sal­tó y se abrazó sudoroso con futbolistas y socios de la Unión Deportiva Las Palmas, al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, no se le vio perjudicado a la mañana siguiente. A la puer­ta de la basílica del Pino, en Teror, centro espiritual de Gran Canaria, el empresario esperaba radiante a la comitiva de jugadores que baja­ba por la calle Real a ofrecerle a la Virgen el ascenso a Primera. En Las Palmas han sido días de alegría. El domingo 21, nada mas ganar su equipo al Zaragoza, Ramírez saltó al campo a abrazar con su  corpachón al entrenador Paco Herrera y gritarle: "iTe quiero!". En una guagua amarilla y enorme, de seis ejes, jugadores, directivos y guapas azafatas cruzaron de noche la ciu­dad cantando: "Es de primera. Las Palmas es de primera". Cuando era un niño obligado a buscarse la vida, no imaginaria Ramírez que alcan­zaría tal popularidad su persona, y tanta abundancia sus bolsillos. No es solo dueño de la Unión Deporti­va; también lo es de Seguridad In­tegral Canaria (SIC), el Grupo Ra­Ions y otras firmas de seguridad que acumulan mas de 200 millones de euros en contratas por todo el país. A 1.900 kil6metros de Las Palmas, en Madrid, el ambiente no era de fiesta. Los vigilantes de Seguridad Integral Canaria, que custodian tres lineas del metro, comenzaban la se­mana con huelgas, barruntando qué hacer contra un ERE, 109 despidos que penden sobre sus cabezas. Pero esa crisis no le ha aguado la fiesta a Ramírez. Ni tampoco el que el pasado jueves un recurso de un sin­dicato le tumbara una adjudi­cación de 3,7 millones de euros en la sanidad canaria. Ni su tropiezo mas serio, la anulación del indulto que le había librado de la cárcel por delito urbanístico: dijo a la prensa que eso es mero tramite.
 
VIGILANTES PRECARIOS
 
Los paros y noticias sobre el ERE en Seguridad Integral Canaria van difundiendo entre los viajeros del metro de Madrid la precariedad que soportan los agentes de seguridad privada que a diario ven en pasillos y vagones. Pero, denuncian los sindicatos, la precarie­dad y las bajas temerarias son la base del negocio. Contratar con un coste previsto de 12 euros por hora diurna de un vigilante en día labo­rable y pagar en realidad no mas de cinco por hora a ese vigilante.
 
Esa ley de hierro del salario ha lle­vado a la oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid a acusar de "crear esclavos" a Marsegur, otra de las empresas de Ramírez, que custodia 44 edificios municipales. Sus vigilantes fueron a los tribunales en abril, cansados de no ganar mas de 700 euros al mes.
 
Las empresas de Ramírez no son las únicas de la seguridad privada que distancian mucho lo que le cobran a la Administración de lo que pagan al vigilante. Pero ninguna crece a la velocidad de las de MAR, como también le llaman en el sector. En el Ultimo lustro, en plena crisis, ha pasado de 1.800 a 5.000 empleados, y se ha hecho con la custodia de edificios de Patrimonio Nacional, Defensa, la Seguridad Social, el SEPES, el complejo madrileño de Nuevos Ministerios.
 
Con los gobiernos central y madrileño del PP sus cuentas se proyectaron meteóricamente en 2013 y 2014, pero también medró en las islas bajo gobiernos de Coalición Canaria aliados con el PP y el PSOE  en 2010, 2011 y 2012. Solo en 2010, mandando aun los socialistas, gano 23 millones en concursos.
 
Todo esto ha conseguido Ramírez mientras hacía gala de habilidad para las relaciones políticas con las tres fuerzas que se reparten el poder en Canarias. MAR tiene relación directa con el ya expresidente nacionalista Paulino Rivero,y mantiene amistad con el ministro de Industria y barón del PP, José Manuel Soria; y ofreció un cargo de honor en su empresa al patriarca socialista y exalcalde de Las Palmas Jeronimo Saavedra, hoy Diputado del Común de Gran Canaria. Su sede también la custodia SIC.
 
 
CON VARIAS BARAJAS
 
 
Ramírez reina en los concursos públicos de seguridad, donde las empresas libran guerras de supervivencia. De su escabrosidad y encono habla la Ultima pelea en la que ha intervenido. Ha sido hace un mes, por la contrata de la seguridad de los edificios del Cabildo de Fuerteventura, presupuestada en 494.490 euros. Se presentaron nueve empresas, y tres están relacionadas de una forma u otra con Ramírez. La primera, Seguridad Integral Canaria, ofrecía un precio demasiado alto. La segunda, Marsegur, con un precio medio, se ha llevado el pastel. La tercera, Sinergias de Vi­gilancia y Seguridad, era la mas ba­rata, y casi gana el concurso, pero no llego a terminarlo: un recurso de At­lantisegur, otra concursante, exigió que Marsegur y Sinergias aclarasen sus vinculaciones. El tribunal pidió a ambas "declaración de la composi­ción accionarial de la sociedad", dice el acta, y añade:  Sinergias "no ha presentado documentación alguna".
 
 
La Ley de Contratos del Sector Publico no prohíbe al empresario acudir a una adjudicación con va­rias firmas a la vez, salvo si lo im­pide el pliego de condiciones. Lo que sí esta feo es no comunicarlo. Lo proscribe el reglamento que de­sarrolla esa ley.
 
 
No es fácil saber a simple vis­ta qué es de quien en el emporio de Miguel Ángel Ramírez, pese a que varias empresas llevan en su nombre las siglas del dueño, como MARsegur, o su filial MARservi. Participaciones cruzadas espesan la maraña, pero curiosas coinciden­cias y anotaciones oficiales dan pis­tas. En el seno del grupo Ralons esta integrada su firma principal, SIC. De ella ha sido administrador el pri­mo de MAR, Segundo Ramírez. Su nombre también figura como admi­nistrador en Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Y ahí también está una directa subordinada de toda la vida de MAR, Alicia Rosa Pérez, quien, a su vez, tiene un uno por ciento del capital de Marsegur y Marservi.
 
 
En el Registro Mercantil, Miguel Ángel Ramírez no se ve al frente de Marsegur. Pero si se busca la marca de las empresas de Ramírez, en la Oficina de Patentes, si aparece el dueño. Ramírez solicitó el 3 de julio de 2014 el registro de la marca. La solicitud se hizo desde la misma dirección, el 27 de la calle Alfred Nobel de Las Palmas, que es sede de Seguridad Integral Canaria.
 
Jacobo López, gerente de Siner­gias de Vigilancia y Seguridad, niega rotundamente que Ramírez esté tras su empresa: Aquí lo único que tenemos detrás es el trabajo diario de la poquita gente que somos", dice.
Tilda Lopez de casual que el pri­mo de MAR esté con él, y sostiene que Alicia Rosa Pérez "solo tie­ne cierta presencia". López también minusvalora otra casualidad. Ramírez lidera la patronal de la seguri­dad Acosepri, rival de la gran pa­tronal Aproser, un club donde no le admiten. Acosepri solo tiene como socios SIC, Marsegur, Sinergias... y PowerSIC, division de alarmas de la primera. Jacobo López, al cabo, ad­mite que con Ramírez le une "una sintonía empresarial".
 
 
BLlNDAJE ANTIDENUNCIAS
 
 
Algunas de las empresas que han peleado en el concurso de Fuer­teventura se plantean acudir a los tribunales. Pero no lo tendrán fácil, Los contratos de Ramírez resisten las denuncias. El caso mas clamoro­so esta en la consejería canaria de justicia, feudo singular de MAR: los vigilantes de SIC custodian los juzgados, incluido el 18 de Las Palmas, que investiga al dueño de la empresa.
 
 
El pasado 12 de enero, José Ro­mero, director de Seguridad de la Consejería, denuncio ante la Uni­dad de Seguridad Privada de la Policía que SIC le pone en la Ciu­dad de la Justicia de Las Palmas vigilantes "sin la formación ade­cuada" y "permite que se ausenten del servicio para temas particula­res o para llegar a tiempo a otros servicios de la empresa. La policía investigó, y en abril elevo un in­forme con propuesta de sanción. Hasta hoy.
 
 
En los juzgados cana­rios relatan serios incumplimientos de contrato por parte de SIC. Hace dos años, para renovar la contrata, la firma ofreció como mejora unos bidones capaces de tapar un explosivo y pa­liar sus efectos. Pero no han llegado, ni tampoco las mantas térmicas o los equipos de respiración autóno­ma que figuraban en el pliego.
 
 
Los juzgados canarios son de los pocos de España donde no pasan por el arco detector los bolsos de abogados y procuradores que ac­ceden al edificio, pese a que hace un mes se intervino a uno de ellos, por ejemplo, un puño americano. En enero, tras la matanza del se­manario Charlie Hebdo, Interior mando a todas las direcciones de Seguridad de organismos públicos elevar el nivel de alerta. Cambien a los juzgados de Canarias, un punto delicado de la seguridad del Estado porque quedan cerca de los feudos africanos de Al Qaeda del Magreb. Un sindicato pidió en Marzo pasado al Gobierno canario que anule a SIC la contrata de la Consejería de justicia. Su razón, no ingresar a tiempo y bien las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados ni estar al corriente ante la Agenda Tributaria. Desde un sindicato de seguridad privada se advierte que "últimamente acceden a los servicios de seguridad empresas que luego no cumplen el convenio colectivo,  sometiendo a los trabajadores a abusos, con bajadas salariales de 200 euros de media".
 
 
INDULTO
 
 
Con todo, el problema en la Consejería de Justicia de Canarias no es hoy el mas perentorio para el rey de las contratas. El tribunal Supremo anuló la pasada semana el indulto que el Gobierno le había concedido en octubre de 2013 perdonándole varias construcciones ilegales en un paraje protegido de Gran Canaria. A MAR le habían caído tres años de cárcel por eso, pero el ministro Gallardón (como no) le permutó la condena por otra de dos años -un indulto en ]a practica- a cambio de que derribara las dependencias ilegales. En vez de cumplir, lo que hizo Ramírez fue presentar un recurso extraordinario contra su condena. El indulto ahora tendrá que esperar un informe de la Audiencia Provincial. Hay informes en contra de la fiscalía y del tribunal sentenciador.
 
 
Es llamativo en el crecimiento de MAR el camino lleno de baches que recorre, entre denuncias sindicales, un millar de pleitos e inspecciones laborales, una condena de cárcel... y además una investigación judicial con preocupantes informes de la policía, Hacienda, la Seguridad Social y la fiscalía por supuesto fraude de 2.3 millones con las dietas y horas extra de sus vigilantes.
 
 
La instrucción de ese caso avanza a paso de tortuga. A comienzos de 2014 arrancó con un auto en el que la jueza instructora Victoria Rosell, anunciaba la toma de declaración a testigos; año y medio después no se ha interrogado a ninguno. La próxima conclusión de nuevos informes de Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria sobre el periodo 2010-2013 podrían inflar el volumen del caso en otros 38 millones de euros bajo sospecha.

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Re: Miguel Angel Ramirez, lo inconcebible. La España de la corrupción.

Mensaje  ASP el Lun Oct 12, 2015 3:40 pm

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El 'capo' de la seguridad privada

Hacienda denuncia "estratosféricas" dietas en la firma de seguridad 'favorita' del Gobierno, Seguridad Integral Canaria


La inspección de la Agencia Tributaria acusa a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad y presentar como dietas -exentas fiscalmente- conceptos salariales sujetos a retención

Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell el pasado junio, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.

Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.

El perito, que descartó tajantemente que haya habido un fraude generalizado de los trabajadores, aseguró durante su declaración que nada justifica que Seguridad Integral Canaria abonara esas dietas tan elevadas respecto al resto del sector. Parece bastante "claro y obvio", afirmó el experto de Hacienda, que la mercantil ha tratado de ocultar la realidad.

Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.

El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.

Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.

La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Seguridad Integral Canaria

Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell el pasado junio, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.

Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.

El perito, que descartó tajantemente que haya habido un fraude generalizado de los trabajadores, aseguró durante su declaración que nada justifica que Seguridad Integral Canaria abonara esas dietas tan elevadas respecto al resto del sector. Parece bastante "claro y obvio", afirmó el experto de Hacienda, que la mercantil ha tratado de ocultar la realidad.

Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.

El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.

Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.

La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instructora de ralentizar la investigación.

La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judicial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organismos superiores.

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